DOC – 7D: Viejos pretextos o nuevas voces

1 Publicado por - 04/12/2012 - Documentos, General

7DEl debate. En la Argentina se debate acerca de la regulación de los medios de comunicación. Es el debate por la producción de contenidos, por la propiedad de los medios de comunicación, por los desafíos de la innovación tecnológica. En lo fundamental es el debate acerca de la relación entre democracia, expresión e información.

Éste, no es un debate exclusivo de nuestro país, sino que es una discusión sensible en todo el mundo. En Latinoamérica, ingresan en las agendas públicas las políticas que intentan reestructurar los sistemas de comunicación; en EE.UU la persistente discusión acerca de la relación entre medios y seguridad nacional; la Unión Europea vive la compleja construcción de una identidad europea que se promueva desde los mensajes políticos y comunicacionales; China revisa año tras año su regulación sobre el acceso a Internet. En el mismo sentido, el debate acerca de la regulación de los medios de comunicación en Argentina no comenzó ni terminó con la ley. Hace ya ocho años que la Coalición por una Radiodifusión Democrática estableció los 21 puntos por el derecho a la comunicación. Y hoy en día, tres años después de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la discusión tiene plena vigencia y la disputa política sigue abierta.

El texto. Oportunamente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual actualizó una vetusta y emparchada normativa. Sus innovaciones surgieron de un largo desarrollo sobre el tema y de una discusión que, de una u otra forma, comprometió a amplios sectores de la sociedad. Entre sus avances más significativos encontramos aquellos que estimulan la producción nacional de contenidos, los que buscan abaratar la contratación de servicios de comunicación y los que amplían el espectro de posibilidades para acceder a los medios de comunicación masiva para dar su mensaje. El ingreso y la reserva de 33 por ciento del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, el límite a la multiplicidad de licencias, la prohibición para empresas de servicios públicos de ser licenciatarias, el cupo para producciones nacionales y locales, son aportes significativos.

La aplicación. Sin embargo, pasados tres años desde la promulgación de la Ley es muy poco lo que el Gobierno Nacional ha concretado en este sentido. Apenas incorporó un puñado de licencias a organizaciones sin fines de lucro, falló en el concurso de nuevas licencias para la Televisión Digital y evitó responder cómo logrará volver atractivo ese mercado. Otorgó licencias sin concurso a grupos amigos. No generó un plan técnico que resuelva cuestiones vitales para la adecuación. Tampoco mostró rigurosidad a la hora de controlar la transferencia ilegal de licencias y, esencialmente, supeditó la adecuación de todos los medios a la situación del Grupo Clarín y su cautelar sobre el artículo 161. Al esfuerzo de quienes se comprometieron con la discusión, el Gobierno lo ha transformado en el impulso para sostener su pretexto favorito: la disputa con el Grupo Clarín. Sometida la aplicación de la Ley a este enfrentamiento, las transformaciones se estancan y la discusión se distorsiona, anegadas una y otra en las necesidades narrativas del Gobierno.

Durante estos años, por otra parte, creció un nuevo polo de producción y difusión de contenidos con: medios sostenidos con publicidad oficial, como los del Grupo Veintitrés, Página 12, Uno Medios o Grupo Índalo (C5N), por citar algunos ejemplos; medios de contratistas, como es Electroingeniería; medios de universidades y el tercer sector, que hoy en su mayoría responden al Gobierno; y la extensa red de medios estatales, a los que la catalogación de “medios gubernamentales” les cabría mejor. Sin disimulo y al abrigo de la aplicación parcial que él mismo dispone y controla, el Gobierno Nacional se abocó a la construcción de su propia maquinaria de desinformación.

Unos y otros asistimos al espectáculo de un gobierno que no respeta su propia ley.

7D. Con su cansado dramatismo, el Gobierno Nacional busca hacer del 7 de diciembre de 2012 un nuevo hito en la historia de nuestra democracia. Sin embargo, no hay presunciones claras de que vayan a producirse cambios significativos tras la tan mentada fecha. Los planes de adecuación de los diferentes grupos recién comienzan a desperezarse; en el caso del Grupo Clarín se vislumbra que el atolladero judicial seguirá; y Telefónica, el otro gran jugador del mercado de las telecomunicaciones, no será emplazada a adecuación alguna, dejando en evidencia los límites del Gobierno para defender la soberanía nacional. Tampoco está claro que hayan avances significativos en el concurso de nuevas licencias por lo que aun habrá que esperar para poder escuchar las nuevas voces en los medios.

Una posición radical. El debate sigue: con la integración al directorio del AFSCA y con las propuestas para Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Creemos que los medios de comunicación deben asumir las responsabilidades y las obligaciones de ser un servicio público; apoyamos los esfuerzos para evitar posiciones monopólicas; nos comprometemos para que más mensajes puedan ser escuchados y para que más personas puedan dar su mensaje. Organizar lo público con sentido y responsabilidad; evitar la concentración de poder; defender la libertad y el poder del pueblo; no es un planteo novedoso, son las ideas del Radicalismo. Son las ideas que ordenan nuestra reflexión y guían nuestra acción para construir una agenda que comprendiendo las disputas que traban la coyuntura, pueda superarlas.

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